El Tribunal Supremo ha confirmado que la Generalitat Valenciana debe pagar la multa de 18,93 millones de euros que impuso la Unión Europea por manipular datos de déficit en la autonomía, al considerar ajustado a derecho el acuerdo del Consejo de Ministros impugnado por el Consell, que determinó la responsabilidad exclusiva de la Comunitat por incumplimiento del derecho de la UE.