VALÈNCIA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) –
La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha remitido este lunes un requerimiento al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para que lleve al Consell y apruebe en su seno reclamar formalmente al Gobierno el pago del IVA pendiente de 2017, ya que si no lo hace puede prescribir en enero de 2021 y, en ese escenario, podría incluso incurrir en responsabilidad contable.
Así lo ha anunciado la también portavoz del Grupo Popular en Les Corts en una rueda de prensa en la que ha recordado también que el pasado viernes envió el requerimiento al Consejo de Ministros para al Consejo de Ministros para que «cese su inactividad material en el cumplimiento de sus obligaciones legales» y abone el importe adeudado, de 281 millones de euros, como paso previo a la interposición de un recurso ante el Tribunal Supremo.
De forma paralela, a la espera de la respuesta del Ejecutivo –tiene un plazo de tres meses–, el PP ha enviado el requerimiento a Puig para que el Consell se dirija en esos mismos términos al Gobierno, dado que «la defensa y reclamación de los ingresos de la hacienda pública de la Generalitat» es un «deber legal inexcusable» de la administración valenciana.
En el documento recuerda que los ingresos derivados de la liquidación del IVA, en la parte que la ley cede a la Generalitat, son derechos de esa hacienda pública y, como tales, «no se podrán enajenar, gravar, ni arrendar». Por ello, prosigue el PP, no está el Consell habilitado legalmente para condonar al Estado la mensualidad del IVA pendiente de 2017, que «no solo ha de ser satisfecha, sino que, además, debe ser reclamada».
Agrega que debe reclamarse «a la mayor brevedad» porque «la inacción por parte del Consell contribuye a que continúe el transcurso del plazo de prescripción», fijado con carácter general en cuatro años para las obligaciones de derecho público. En este caso, el plazo acabaría en enero de 2021, ha precisado Bonig.
Además, en el requerimiento se le recuerda a Puig que la Ley de Hacienda Pública incluye en su régimen sancionador el incumplimiento de las obligaciones legales, entre ellas la cobranza de las deudas pendientes para con la administración.
«En este caso nos encontramos claramente en un supuesto de posible infracción, que llevaría aparejada la consiguiente responsabilidad contable, en tanto que se irroga un perjuicio económico a la Generalitat debido únicamente a la voluntad del president y del Consell de no proceder a la reclamación de una deuda exigible, más si cabe ante el riesgo de pérdida total por el plazo de prescripción», advierten los ‘populares’, que estudiarían pedir esa responsabilidad llegado el momento.
Isabel Bonig ha explicado que se trata de un crédito «cierto, determinado, líquido y exigible» y no va a permitir que «por inacción» prescriba de aquí a un año cuando es «dinero contante» que serviría, por ejemplo, para pagar gastos de funcionamiento que se adeudan a centros educativos. «Queremos liquidez, queremos derechos», ha dicho, y el principio de legalidad «obliga a Puig a reclamar formalmente ese dinero para que no prescriba».
«Supongo que el presidente querrá defender los intereses de los valencianos», ha insistido la presidenta del PP valenciano, que ha lamentado que la solución dada por la ministra, María Jesús Montero, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) supone, parafraseando a la vicepresidenta Mónica Oltra, «cambiar derechos por deuda».
EL CPFF, UNA «HUMILLACIÓN»
A su juicio, de esa reunión salió «un disparate» y una «humillación» al plantear un relajamiento del objetivo del déficit y un FLA a tipo cero, cuando en el seno de la comisión mixta Consell-Corts que tuvo lugar un día antes del CPFF se acordó solicitar un déficit asimétrico, el IVA pendiente y la reforma de la financiación. «Han incumplido los compromisos», ha denunciado Bonig.
«Los acuerdos del CPFF son claramente dañinos para la Comunitat Valenciana», ha insistido, y el PP seguirá en su «ofensiva» para reclamar la defensa de los intereses de los valencianos. «Di la oportunidad a Puig de firmar el requerimiento previo al Gobierno, ni caso», ha relatado, cuando una reclamación del ‘president’ tendría «más legitimidad».
Ha recalcado que han intentado «agotar todas las vías políticas» pero no ha sido posible porque el PSOE «quiere negociar con ERC o Junts» pero no con el PP».
COMPROMISOS CON CATALUÑA
Bonig también se ha pronunciado sobre los 44 puntos de la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al ‘president’ catalán, Quim Torra, y se ha referido concretamente a los relativos a la inversión en infraestructuras ferroviarias, con partidas en 2020 para el Corredor Mediterráneo y Cercanías. «¿Y las Cercanías de la Comunitat Valenciana, qué? Espero que estén los 1.436 millones para Cercanías valencianos también».
Asimismo, ha aludido al impulso a las infraestructuras portuarias y la financiación de nuevos accesos al puerto de Barcelona , preguntando qué pasará con los de los puertos de Castellón, Alicante y València. «Entiendo por qué Compromís no quiere la ampliación del puerto de València, quieren que todo salga por Barcelona», ha apuntado. Asimismo, ha lamentado no haber escuchado a Puig referirse a estas cuestiones.